213 violaciones contenidas en 126 casos son el resultado de seis meses de ataques y agresiones ejercidos desde el Estado venezolano y los simpatizantes oficialistas contra los medios de comunicación y los trabajadores de la prensa en el país
88 periodistas y alrededor de 48 medios de comunicación, así como organizaciones de la sociedad civil, vieron afectado su trabajo informativo luego que victimarios estatales perpetraran violaciones hacia ellos
La violación de los derechos en el espacio digital y por medio de transmisiones nacionales de radio y televisión, con alcance nacional, concentraron 46 casos. Tras estos hechos se ubicó el área metropolitana de Caracas con 20 incidentes contra la prensa. Carabobo y Zulia le siguieron con siete casos en cada región, mientras que Anzoátegui, Bolívar y Falcón registraron seis agresiones cada uno
Los hechos de intimidación, la criminalización, las descalificaciones y las campañas de ataques discursivos fueron el plato fuerte de las agresiones registradas durante los primeros seis meses de 2021, de acuerdo con los registros del equipo de monitoreo de IPYS Venezuela. Solo durante este tiempo, se registraron 213 violaciones enmarcadas en 126 casos que limitaron las labores informativas de los medios de comunicación y los periodistas en el país.
Pero tales ataques no fueron los únicos durante este tiempo. La libertad de expresión además se vio vulnerada por otras graves violaciones a los derechos informativos de medios y reporteros, entre las que destacaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos judiciales que agudizaron la persecución y continuaron la obstaculización del ejercicio de la prensa.
Entre enero y junio de 2021 las restricciones contra la prensa estuvieron caracterizadas por 85 violaciones enmarcadas en la categoría de agresiones y ataques. El discurso estigmatizante ocupó el segundo mayor registro con 46 incidencias. Los actos de censura marcaron 23 episodios, mientras que las restricciones de acceso a la información pública estuvieron presentes en 21 eventos, por su parte 14 procesos civiles y penales afectaron a medios y periodistas, los cuales, en sumatoria de las violaciones del uso abusivo del poder estatal (11), las detenciones arbitrarias (10) y las desapariciones forzadas (3) completaron el registro que deja en evidencia la radiografía de los riesgos de la prensa en el territorio.
Aún en medio de la emergencia sanitaria producida por la pandemia de la Covid-19, el Estado venezolano y sus simpatizantes no han disminuido los ataques contra la prensa. En cambio, los controles son cada vez más rígidos y la observancia y la persecución a quienes investigan, difunden, opinan o comparten información se ha incrementado.
Reflejo de ello ha sido el hostigamiento que se ha emprendido contra medios de comunicación como VPItv, que dejó de operar en Venezuela en el mes de enero posterior a la incautación de sus equipos por parte del Seniat y la Conatel; El Nacional, Efecto Cocuyo, y periodistas como Roberto Deniz de Armando.info y Roland Carreño, quien aún se encuentra detenido desde octubre de 2020, acusado por delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Con las medidas de cuarentena impuestas por las autoridades venezolanas, las coberturas informativas en lugares públicos se vieron disminuidas, pero aún así los cuerpos de seguridad no aminoraron sus restricciones de acceso durante las coberturas informativas de los periodistas. Este tipo de limitación a espacios públicos, instituciones del Estado o movilizaciones a trabajadores de la prensa quedó en evidencia en al menos 19 casos durante estos meses. Incluso, en este semestre los ataques a la labor reporteril también se vieron reflejados por medio del robo y la destrucción, revisión y confiscación de equipos y materiales de los medios de comunicación.
El Estado de Venezuela en vez de promover la creación de canales plurales para el encuentro de las opiniones y la difusión de los diversos pensamientos que deben confluir en una sociedad democrática, ha demostrado su esmero en establecer un discurso único fortalecido a través de su sistema de medios públicos, oprimiendo y asfixiando los espacios para la contraloría social, la crítica y la disidencia.
Los patrones de hostigamiento
La intimidación, una de las violaciones que conforma la categoría de agresiones y ataques que monitorea IPYS Venezuela, y que consiste en un acto de amedrentamiento ejecutado por los victimarios con el objeto de infundir miedo en la persona afectada, desencadena en las víctimas un efecto silenciador que perjudica no solo la labor del trabajador de la prensa sino de aquellas personas que se informan a través de su ejercicio periodístico.
Durante los primeros seis meses de 2021, este tipo de vulneración fue la más presente en los incidentes registrados por la organización. En al menos 33 casos, los hechos y los testimonios de los reporteros dieron cuenta del incremento de este tipo de limitación que “coarta severamente la libertad de expresión” tal como lo destaca la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
Mientras tanto, el Estado no ha creado los mecanismos para minimizar sus consecuencias, investigar sus causas y promover sanciones a sus ejecutores, escenario que deja en desamparo a periodistas y medios de comunicación en todo el territorio.
El episodio vivido por la periodista Luisana Suárez es muestra de este tipo de mecanismo ejecutado por los actores estatales. El 25 de febrero una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) visitó la vivienda de la comunicadora social, quien forma parte del equipo de Class 98.7 FM, una emisora del estado Cojedes, para “conversar” sobre una publicación hecha en sus redes sociales.
Los efectivos aseguraron a los familiares de Suárez, quien para ese momento no se hallaba en su residencia, que querían hablar sobre la información publicada en su perfil de Facebook acerca de la falta de anticonceptivos en el ambulatorio del municipio Anzoátegui de la región. Ante la alerta de presentarse mayores violaciones, familiares y vecinos de la reportera se apostaron en la vivienda y luego de varios minutos los funcionarios abandonaron el lugar. Luisana Suárez informó en ese momento que no era la primera vez que cuerpos policiales visitaban su residencia sin causas aparentes.
La mayoría de los casos donde se registraron hechos de intimidación fueron aquellos donde los periodistas realizaban pautas de calle o posterior a publicaciones que predominantemente abordaban noticias de las fuentes de salud, comunidad y sucesos.
Incluso, ha sido justamente en las coberturas informativas o cuando los periodistas se han movilizado hacia ellas, que los cuerpos de seguridad han hecho un uso abusivo de sus responsabilidades para impedir que los reporteros cubran o accedan a las instituciones públicas o lugares donde se han desarrollado informaciones de interés colectivo. Solo durante estos meses, estas restricciones de acceso a lugares contemplaron 19 violaciones.
La persecución discursiva caracterizada por los insultos, las declaraciones estigmatizantes, las campañas de agravios y la criminalización de la labor informativa, agrupó 46 violaciones entre enero y junio, que aumentaron la preocupación tanto de las organizaciones defensoras en el país, como de instancias internacionales como la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, (ACNUDH), presidida por Michelle Bachelet; la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), la cual señaló en el mes de febrero, que la repetición del discurso estigmatizante contribuye con “exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población” que pone en gran vulnerabilidad la vida y seguridad de periodistas, medios y defensores de derechos humanos.
Los métodos del discurso estigmatizante más aplicados durante este tiempo fueron las campañas de agravios principalmente dirigidas por simpatizantes oficialistas, quienes de forma articulada con cuentas bots difundieron grandes cantidades de mensajes en portales prooficiales y redes sociales para desprestigiar las labores informativas de medios y reporteros que han efectuado investigaciones y denuncias sobre hechos vinculados con la dinámica social y política del país.
Estas acciones, que en su mayoría han sido promovidas por actores políticos oficialistas, han desencadenado principal preocupación por los señalamientos a medios y periodistas como “enemigos internos” o “enemigos del Estado”, que de acuerdo con el discurso del gobierno venezolano, han recibido financiamiento extranjero para “desestabilizar” y crear matrices de opinión contrarias a los intereses de los funcionarios que detentan el poder.
Medios como Efecto Cocuyo, El Pitazo, El Nacional, Radio Fe y Alegría y El Estímulo se suman a periodistas como Roberto Deniz, Gregoria Díaz, Luz Mely Reyes, Marianela Balbi y Alejandro Hernández, entre los que han sido atacados, insultados y criminalizados por ejercer sus derechos fundamentales. Incluso, en esa línea de persecución también se han visto afectadas las organizaciones no gubernamentales, entre las que han destacado, Transparencia Venezuela, Provea, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) e IPYS Venezuela.
Víctimas y agresores
Entre enero y junio, al menos 88 trabajadores de la prensa, cifra compuesta por 55 hombres y 33 mujeres, vieron afectadas sus funciones por parte de los cuerpos de seguridad del Estado quienes fueron registrados en 25 casos, así como por simpatizantes oficialistas (22), proveedores de internet (16), actores desconocidos (15), ministerios y dependencias (8), además de las acciones de la delincuencia organizada (7), gobernaciones y dependencias (7), el poder Legislativo (7) y el poder Judicial (6).
La profesión más atacada durante este tiempo, fueron los reporteros con 49 víctimas en total, quienes representaron más del 50% de todas las registradas por IPYS Venezuela. El periodista Roberto Deniz fue el más afectado durante estos seis meses. Las campañas de ataques y agravios articuladas desde actores oficialistas y seguidores del chavismo fueron recurrentes durante varias semanas, sobre todo cuando surgieron nuevas informaciones vinculadas con el empresario colombiano Álex Saab, quien se encuentra detenido en Cabo Verde por tener aparentes vínculos con hechos de corrupción relacionados al gobierno de Venezuela que han sido investigados y denunciados por Deniz.
Luis Gonzalo Pérez, reportero de NTN24, también se enfrentó a varias limitaciones entre las que destacó una detención arbitraria, su desaparición forzada e incomunicación, además de la criminalización por parte de Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2020 y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando junto al reportero gráfico Rafael Hernández intentaban cubrir el conflicto armado que se gestó en la frontera del estado Apure con el vecino país, Colombia, en los meses de marzo y abril.
“Son mercenarios. Odian a su propio país y se prestan para hacer montajes contra su propio país. Después dicen que quieren informar. Son unos mercenarios”, fueron algunas de las declaraciones de Cabello, quien sentenció en su programa Con El Mazo Dando, que aquellos que ingresaran a la zona del conflicto y le hicieran “juego al enemigo, deben ser considerados enemigos”, refiriéndose a la cobertura que realizaran los reporteros en el lugar de los hechos.
Los otros roles periodísticos que se vieron afectados fueron los directivos de medios (8), los locutores (6), los reporteros gráficos (6), los reporteros independientes (6) y los escritores (3), además de los articulistas, choferes y conductores de TV quienes registraron dos víctimas cada uno.
Los medios de comunicación no escaparon de estos ataques. Radio Fe y Alegría y varias de sus emisoras en Monagas, Anzoátegui, Bolívar y Apure reiteradamente sufrieron agresiones de la delincuencia organizada que las dejaron inoperativas por largos lapsos de tiempo.
Los diales 940 AM en Anzoátegui, 103.1 FM en Bolívar y 105.9 FM en Monagas fueron víctimas de robos que comprometieron su funcionamiento y que representaron grandes pérdidas económicas para esta red de emisoras perjudicando su alcance centrado en la hiperlocalidad y en el fortalecimiento de las audiencias comunitarias, tal como quedó detallado en el estudio “Oasis informativos: el fenómeno” de IPYS Venezuela.
La red de emisoras también sufrió de las campañas de agravios y criminalización puestas en marcha durante los primeros meses del año, además de las acciones de suplantación de identidad por parte de un desconocido para engañar a ciudadanos de Guasdualito con el objetivo de hacerse con apoyo económico en nombre de los diales 620 AM y 101.1 FM de esta zona del estado Apure, hecho que fue denunciado por el coordinador de comunicaciones de la emisora en la entidad, Juan Carlos Rosales, el 29 de junio.
Pero este circuito de emisoras no fue el único en verse afectado por acciones de terceros. Durante la primera mitad de 2021, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) censuró, cerró y decomisó equipos a cuatro estaciones de radio. Selecta 102.7 FM en Zulia, Radio Vea 100.7 FM en Falcón, Aragua Mágica 88.1 FM en Aragua y Zeta 103.5 FM en el estado Miranda dejaron de transmitir sus programas luego que el ente estatal aplicara procesos administrativos contra ellas.
La Conatel, junto con el Seniat también perpetraron el ataque contra la televisora digital VPItv durante el mes de enero, que desencadenó en el cese de operaciones del medio en Venezuela, perjudicando a alrededor de 100 personas entre periodistas, camarógrafos, productores y choferes quienes quedaron sin posibilidades de ejercer su rol informativo a través de esta plataforma.
Las acciones judiciales contra la libertad de expresión tampoco han dejado de aplicarse contra la prensa. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia reactivó y actualizó el proceso de demanda de Diosdado Cabello contra El Nacional, y lo sentenció a pagar una suma de dinero que inicialmente ascendía a los 13 millones de dólares, pero que luego, por orden del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, fue elevado a más de 30 millones de dólares, cifra anclada al petro, moneda virtual creada por la administración de Nicolás Maduro.
En intermedio de estas medidas judiciales, el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas practicó una medida de embargo ejecutivo contra la sede principal del medio que no circula desde 2018.
Desde antes del inicio del año, organismos internacionales han denunciado de forma reiterada los abusos contra la libertad de expresión que se viven en el país producto de la acciones persecutorias del Estado venezolano. IPYS Venezuela ha señalado recurrentemente estos hechos y ha alertado sobre los nuevos niveles de represión que vive la prensa.
Un escenario hostil para quienes realizan labores informativas, aparte de privar derechos fundamentales como la libertad de expresión, desencadena graves puntos ciegos a la ciudadanía quienes se ven obligados a tomar decisiones sin estar informados sobre los eventos que suceden en su entorno. Esta organización insiste en la importancia de que en cualquier escenario el acceso a la información, y el respeto a la labor de la prensa, deben ser garantizados sin retaliaciones.
https://ipysvenezuela.org/alerta/balance-ipysve-medio-ano-de-ataques-y-agresiones/
