KEILYN ITRIAGO MARRUFO
Después de casi dos años de litigio, el juicio contra TalCual y El Nacionalterminó. El resultado fue la imposición de una multa del 1% de los ingresos brutos correspondientes al ejercicio fiscal del año 2009. Un fallo que para el abogado defensor deTalCual, Humberto Mendoza de Paola, resulta insólito y canalla.
El defensor explica que durante el proceso judicial que inició en agosto de 2010 por haber replicado la fotografía que El Nacional publicó en la que pueden verse cadáveres en la Morgue de Bello Monte, nunca hubo un señalamiento de demanda en ninguna de las audiencias ni por la Defensoría ni por la Fiscalía, como sí ocurrió con el periódico que preside Miguel Henrique Otero.
"Fue una carta bajo la manga que sacó la juez, porque TalCual fue demandado únicamente y exclusivamente para que se abstuviera de publicar fotografías que pudiesen causar daños o zozobra en los niños, niñas y adolescentes", apunta.
La autoridad que llevó el caso, de acuerdo con Mendoza de Paola, se tomó una hora y cinco minutos en lo que ella denominó punto previo, tiempo en el que se descargó por unas declaraciones que diera el abogado de El Nacional, Juan Garantón, en días pasados sobre el carácter meramente político de esta acción judicial emprendida contra los medios.
Tal como cuenta el abogado, la juez demostró rabia contra los diarios, perdió la compostura "y no nos permitió intervenir para solicitar su inmediata inhibición o recusarla. Además, se hizo acompañar en la sala de audiencia por efectivos de la Guardia Nacional, cosa que es totalmente ilegal e inusual y que significó un punto totalmente intimidatorio".
Lo máximo que podía haberse hecho, tal como señala el representante legal, era ratificar la sentencia previa, "lo cual hizo pero con lo que se llama jurídicamente el vicio de extra petita, es decir, fuera de lo pedido".
Asegura que la juez violó todos los derechos constitucionales de , llevándose por delante la garantía del debido proceso, la defensa y a no ser imputado por los hechos a los que no ha sido demandado.
Mendoza de Paola asegura que esperarán la publicación completa de la sentencia para apelar al fallo, pues sostiene que en el juicio no hubo ninguna prueba de haber incurrido en delito.
Más bien existió en los autos la experticia de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela y el testimonio del experto en psicología clínica Antonio Pignatiello, que coinciden en que las fotos no eran dañinas y capaces de causar lesión alguna a la salud física, psíquica y moral de los niños, niñas y adolescentes.
Los abogados también denunciarán la aplicación de una norma "absolutamente inconstitucional" porque los ingresos brutos son antes del pago del impuesto sobre la renta, el IVA, las retenciones de los trabajadores (con lo cual también se estarían afectando los beneficios de ellos), el INCE y todas las contribuciones fiscales y parafiscales que prevé la legislación venezolana.
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