Como reportero de El Nacional y ex secretario del CNP-Caracas fijo posición sobre las medidas judiciales contra 22 directivos de tres medios en Venezuela:
1) No debemos callar ni aceptar presiones del Estado en su plan de ponerle las manos a medios independientes y críticos porque, en definitiva, no pierden los editores sino un pueblo, un país, una sociedad que, en este momento, es víctima de la carencia de información y corre el riesgo de quedarse sin una ventana para el debate de las ideas.
(2) Por medio de la presión a editores de @lapatiilla, @DiarioTalCual y @ElNacionalWeb activan plan para intimidar a periodistas, más que un deseo de demostrar que las imputaciones del ex agente de seguridad de Miraflores y del Parlamento, Leamsy Salazar, sobre una supuesta red de narcotráfico avalada por funcionarios del Estado, sean falsas.
En su estrategia, creen que al presionar a editores y directivos podrán doblegar la ética y los valores democráticos de los periodistas y así obligarlos a silenciar cualquier nueva información que pueda surgir del interrogatorio a quien fue un cercano colaborador de Hugo Chávez. Por ello, rechazo la “política del miedo” como soporte para mantener el control social y conservar el poder. Nuestra solidaridad con los periodistas, editores y directivos de medios señalados por el tribunal que, en la práctica, impone “el país por cárcel”.
(3) Los periodistas, desde tiempos remotos estamos al lado del débil, del pueblo, defendemos la democracia, la pluralidad y el acceso a la información. Si alguien se siente perjudicado puede solicitar un derecho a réplica y demostrar, con pruebas, con evidencias y su ética, que fue agredido en su condición moral. Los medios están obligados a darle el espacio para la defensa.
Empero, pretender enjuiciar a cualquier ciudadano, sin cumplir con el debido proceso, viola la Constitución y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen que la prensa y los periodistas no pueden ser juzgados por difundir informaciones provenientes de otros países, pero que ponen en tela de juicio a los funcionarios públicos, por cuanto su deber es que la nación conozca qué se escribe y qué se denuncia sobre quienes ejercen cargos públicos.
4) Los periodistas rechazamos que el Estado solo favorezca a quienes gobiernan y permanecen inertes ante el clamor de un pueblo que padece cada día y que reclama instituciones independientes, que administren justicia según las disposiciones legales y no por mandatos de funcionarios, como si se tratara de un cuartel, donde el superior ordena a los soldados. Los jueces son los primeros que están obligados a cumplir las leyes, tener independencia y obrar como señala el ordenamiento jurídico.
5) Alzo mi voz de protesta, como en otrora cuando cerraron otros medios, porque es nuestra responsabilidad como periodistas, como gremialistas y como ciudadanos, garantizar la existencia de medios de comunicación plurales, por ser un mandato de la Constitución, de la Ley del Ejercicio del Periodismo y del Código de Ética del Periodista Venezolano.
6) Este país, sus ciudadanos, merecen medios libres, medios independientes, y que los periodistas tengan acceso a información en las instituciones del Estado, que no es una hacienda particular, sino una “asociación colectiva”, en la cual, cada uno, debe ejercer su rol y acatar las leyes.
El pueblo no debe ser dominado por la propaganda en nombre de la Patria; el pueblo merece ser libre, contar con instituciones del Estado que respondan a sus intereses, y no a quienes, por una circunstancia, gobiernan.
Al igual que en el pasado, hacemos nuestras las palabras de Miguel Otero Silva: “El Nacional es Venezuela; y Venezuela seguirá dando la cara”.
El Nacional no sólo es nuestra casa; es el epicentro de la información comprometida con la democracia, con la libertad, y donde los periodistas ejercemos el derecho al periodismo crítico e independiente.
Hernán Lugo-Galicia
CNP No. 7850
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