ANTONIO MARÍA DELGADO
EL NUEVO HERALD
El presidente y editor del diario El Nacional, Miguel Henrique Otero, ha sostenido varias escaramuzas legales contra el chavismo, en la medida en que el régimen bolivariano de Venezuela ha aplicado con el correr de los años su plan para destruir la prensa independiente e instaurar la “hegemonía comunicacional” en el país.
Pero la demanda por difamación introducida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en contra de directivos de El Nacional, del periódico Tal Cual y del portal de noticias La Patilla, es quizás la más importante batalla que ha sostenida hasta ahora.
“Está vez nos estamos enfrentando con el poder absoluto”, dijo Otero en una entrevista con el Nuevo Herald.
Cabello ha acumulado mucho poder en Venezuela y controla gran parte del aparato represivo que sostiene el régimen de Nicolás Maduro, manifestó.
Otero -junto con Alberto Ravell, presidente de La Patilla, y Teodoro Petkoff, presidente de Tal Cual- están siendo demandados por haber reproducido las informaciones publicadas por el diario ABC de España y el Nuevo Herald señalando que las autoridades estadounidense están investigando a Cabello por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
Según las versiones publicadas por la prensa internacional, el ex jefe de seguridad del difunto presidente Hugo Chávez, Leamsy Salazar, llegó a Estados Unidos a finales de enero para testificar en el proceso judicial iniciado contra Cabello y otros altos personajes del chavismo.
Entre las principales revelaciones del ex jefe de seguridad de Chávez y del propio Cabello está la confirmación de que el presidente de la Asamblea Nacional es el jefe del denominado Cartel de los Soles, organización criminal conformada por militares y altos funcionarios del chavismo.
La versión fue reproducida por varios medios venezolanos, incluyendo a los tres demandados, así como otros 90 medios alrededor del mundo y luego recogidos por agencias internacionales de noticias.
Pero la demanda de Cabello responsabiliza a los tres medios de información como si ellos hubieran sido los primeros en redactarla.
“Esa demanda de difamación en cualquier otro país del mundo no tendría sentido”, explicó Otero. “Lo que tenemos en Venezuela es un secuestro de la libertad de expresión y un secuestro de la justicia”.
Pero el que la demanda no tenga asidero legal en cualquier otro país del mundo no quiere decir que no vaya a prosperar en Venezuela.
De hecho, los 23 directores de los medios de comunicación demandados ya han sido sancionados, aún cuando el proceso está muy lejos llegar a una sentencia.
El tribunal que lleva el caso aprobó medidas cautelares que prohíben a los demandados a salir del país y les obliga presentarse ante las autoridades una vez por semana.
“Pero resulta que esas medidas cautelares son la pena. Si hay una sentencia mañana culpabilizándonos a nosotros, pues esa sería la pena, prohibición de salida del país y régimen de presentación porque la pena mayor de cárcel posible con un juicio de estas características es menor que la que requiere sometimiento a juicio”, expresó Otero, quien se encontraba en Miami cuando el tribunal anunció la decisión.
Otero, quien que de todas maneras planea regresar en los próximos días a Venezuela, dijo que está podría ser la última vez en mucho tiempo que él podrá salir del país, porque el juicio probablemente se extenderá indefinidamente sin que haya una resolución.
“Nunca va a arrancar el juicio, pero yo voy a tener la prohibición de salida y el régimen de presentación indefinidamente”, expresó.
Eso es exactamente lo que ocurrió hace dos años con una demanda que Petkoff también enfrentó por difamación por otro articulo publicado en el periódico. Desde ese entonces el presidente de Tal Cual no ha podido salir del país y estuvo ausente semanas atrás en la ceremonia en la que se le otorgó el premio Ortega y Gasset de periodismo en España.
Todos los demandados enfrentan la misma situación, lo cual Otero calificó como una “arbitrariedad total” porque la mayoría de los directivos de las publicaciones no tienen nada que ver con la línea editorial y mucho menos tenían conocimiento de publicar las informaciones derivadas de las declaraciones de Salazar.
Estas acciones legales de Cabello solo buscan castigar a aquellos medios que aún siguen siendo independientes en Venezuela, pero El Nacional no piensa cambiar su línea editorial.
“Seguiremos informando”, reiteró Otero. “Pase lo que pase, el periódico seguirá saliendo, de una u otra forma”.
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