En el primer trimestre del año 2015 se ha registrado un total de 104 violaciones a la libertad de expresión, lo que representa una disminución del 48% respecto al periodo enero-marzo de 2014, cuando se contabilizaron 200 violaciones. De la misma forma, la cantidad de casos descendió un 63,29% en relación con el mismo periodo de 2014 (158).
La intimidación ocupó el primer lugar con un 27,88%. Esta se expresó en limitaciones a la libertad de desplazamiento al momento de obtener información, acceso a espacios públicos negado e incluso detenciones arbitrarias. Seguidamente se encuentran la censura y el hostigamiento verbal (19 cada uno) y las agresiones físicas (18).
Estas tipologías ilustran la situación dada en el contexto de las colas a las afueras de los comercios como consecuencia de la escasez de diversos productos, agudizada desde principios de año, donde periodistas e infociudadanos fueron agredidos por grabar o tomar fotografías. La cobertura fue obstaculizada en la mayoría de los casos por cuerpos policiales o militares (en 7 oportunidades) y trabajadores de los establecimientos (4). Diecisiete (17) personas - entre trabajadores de la prensa e infociudadanos – fueron objetos de insultos o agresiones en las colas, esto representa el 29,31% del total de los casos del primer trimestre de 2015 (17 de 58 casos).
La intimidación, la agresión y la censura también ocuparon los primeros lugares en el año 2014 (censura 24,6%; intimidación 17,06%; agresión 15,71%). Esto evidencia que la confrontación física y el impedimento deliberado de la cobertura se han convertido en formas comunes de entorpecer el trabajo periodístico, lo que limita seriamente la posibilidad de los ciudadanos de saber lo que está pasando.
La mayor incidencia de casos se registró en el Distrito Capital, con un total de 24 casos (41%). Ocho (8) casos sucedieron a nivel nacional, es decir, que se realizaron en programas o transmisiones televisivas con alcance en todo el país. El estado Anzoátegui se ubica por primera vez desde 2009 en los primeros lugares de ocurrencia de violaciones con 5 casos. Hace seis años, el estado oriental alcanzó el 8% de los casos de todo el año 2009. En el primer trimestre de 2015 repitió ese porcentaje.
Victimas
El 37,04% de las víctimas son periodistas, seguidos de los medios de comunicación y reporteros gráficos, con 25,93% y 20,99%, respectivamente. Trabajadores de la prensa, categoría que involucra camarógrafos, asistentes de cámara, conductores y demás personal del equipo, ocupan el cuarto lugar con un 9,88%. En total, el personal que integra los medios de comunicación representa el 93, 84%.
El mayor porcentaje de victimas está representado por hombres (57,14). Sin embargo, por primera vez desde 2005, hemos registrado un aumento significativo del porcentaje de mujeres víctimas de violaciones a la libertad de expresión. Entre 2006 y 2014, la incidencia osciló de 23% a 38%. En los primeros tres meses de 2015 observamos como la ocurrencia se incrementa a un 43%, la más alta en los últimos 10 años, con respecto al año 2005 cuando se contabilizó un 47%.
Victimarios
El 60% de las violaciones a la libertad de expresión fueron ejercidas por el Estado, el cual se halla representado por diversos actores: cuerpos de seguridad (28%), funcionarios (12%), el presidente de la República y las instituciones administrativas, como Conatel, Seniat, Cencoex con (8%), y las instituciones del Estado (Ministerio de Comunicación y Tribunal Supremo de Justicia) con un 3%.
Se mantiene la tendencia del año 2014, cuando los cuerpos de seguridad fueron los principales victimarios, con un total de 100 agresiones contabilizadas que representó un 28% del total de casos anual, lo que coincide con el porcentaje del periodo enero-marzo 2015 (27,59). En este sentido, para el primer trimestre de 2015 persiste el impedimento de la cobertura periodística por parte de funcionarios militares o policiales, para lo que se utiliza desde insultos y agresiones hasta detenciones arbitrarias, lo que coincide con las intimidaciones como el tipo de violación más frecuente. Tal situación se ha gestado en el marco de protestas o colas a las afueras de los comercios.
El espectro radioeléctrico de dominio y financiamiento público sigue siendo utilizado con fines políticos-partidistas a favor del gobierno. Los programas de medios públicos, que pertenecen a toda la ciudadanía y cuya función es abrir tribuna a los diferentes sectores de la vida nacional, son contrariamente monopolizados por el sector oficialista en aras de una “hegemonía comunicacional” que excluye y criminaliza a la disidencia. En algunos casos son funcionarios quienes - en desmérito de su condición de servidores públicos – descalifican, insultan y acusan de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales independientes. Tal es el caso del conductor del programa Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión, Diosdado Cabello, actual Presidente de la Asamblea Nacional, quien es el mayor victimario entre los funcionarios, al protagonizar 4 de los 7 casos contabilizados (57%).
La mayoría de las violaciones realizadas por Cabello entran en la categoría de hostigamiento verbal (tercer tipo más frecuente), sin embargo la descalificación también es ejercida por otros funcionarios como: diputados, el presidente de la República y cuerpos de seguridad.
El 34% de los atentados contra la libre expresión fueron ejecutados por terceros: particulares (entre los que destacan empleados de comercios implicados en 4 casos), dueños de medios de comunicación con un 10%, simpatizantes del Gobierno Nacional con 2 casos y miembros que se autodenominaron colectivos, hackers, simpatizantes de oposición, programa de medio público, red social y una abogada/escritora, todos con el 1,72% respectivamente. Un 5% fue protagonizado por desconocidos.
La censura fue el segundo tipo de violación más frecuente. Los cuerpos de seguridad y los dueños de medios de comunicación son los principales victimarios, con seis (6) casos cada uno. La censura por parte de dueños o directiva de medios de comunicación fue liderada por el diario El Universal, con dos casos, seguido por FM Center, Notitarde, Últimas Noticias y Notiminuto, con un caso. Esto se expresó en el retiro de notas y entrevistas que trataban temas sobre la oposición venezolana, o tensiones vinculadas a giros de las líneas editoriales.
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