Entre bloqueos a portales de noticias, persecución a trabajadores públicos, exhortos censores a emisoras de radio, hostigamiento a periodistas, arbitrariedades en el proceso legal al que someten a un tuitero y siete diarios que cierran o limitan su circulación se nos fue julio, un mes duro para la libertad de expresión en Venezuela.
Agresivos ante quien denuncia
En cualquier país del mundo cuando periodistas o voceros de gremios hacen algún tipo de denuncias, las autoridades suelen iniciar una serie de procedimientos para esclarecer los hechos alrededor de las acusaciones, en Venezuela no. De hecho, julio cerró con tres casos de amenazas, hostigamiento y persecución, uno de ellos es el de la periodista Sebastiana Barráez, quien fue amenazada por Freddy Bernal con iniciar un procedimiento penal en su contra por la publicación de un trabajo donde informa que los escoltas del líder rojo hacen uso indebido de unos vehículos que fueron confiscados en un concesionario del estado Táchira, y que deberían estar al resguardo del Estado
“En lo particular, contra esa periodista voy a ejercer acciones de carácter penal para que ella responda ante los tribunales por los señalamientos irresponsables hechos a través de una página web”, alertó durante una rueda de prensa el Presidente de la Corporación de los Andes (Corpoandes), Freddy Bernal1.
En Aragua, las enfermeras presentes en las jornadas de protestas en el Hospital Central de Maracay (HCM) recibieron amenazas y advertencias de una Fiscal del Ministerio Público de la entidad. “No queremos hacerlas pasar un mal rato, ni a ustedes ni a sus familiares y si quieren renunciar, pueden hacerlo, pues nadie es indispensable” fueron las palabras de la Fiscal Décima del estado Aragua, Yesenia Bravo, a las manifestantes que se encontraban en las afueras del HCM.
A estas protestas iniciaron el pasado 27 de junio exigiendo insumos, equipos, reactivos y medicamentos, además de sueldos dignos se le sumaron personal médico, funcionarios del El Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) y pacientes de distintos hospitales, entre los que destacan: Los Samanes, Ambulatorio del Norte, José María Vargas de Cagua y de la Victoria.
Las amenazas también han sido individuales, Jéssica Vidal, Presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Aragua, denunció el 13 de julio la persecución y el acoso del que está siendo víctima luego de dirigir estas protestas.
“Quiero denunciar las presiones y amenazas de todos estos días de las que hemos sido objeto. Han venido a amenazarme incluso con la vida de mis hijos. Me dicen que me quede tranquila si no quiero que le pase algo a mi hijos o a mí”2, expresó Vidal.
Cautelares para silenciar
Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) detuvieron el pasado 13 de julio al médico veterinario del Parque Zoológico Bararida, Carlos Silva, luego de que éste presentara un informe sobre la situación del parque y el estado de salud de los animales. Al día siguiente Silva fue presentado por la Fiscalía 23 con competencia en materia ambiental ante el tribunal de Barquisimeto, estado Lara, y fue dejado en libertad con medida cautelar de presentación cada 15 días.
El veterinario, fue desalojado a la fuerza de su oficina porque “debían hacerle un interrogatorio”, todo esto sin una orden judicial y sin explicar dónde se realizaría dicho procedimiento; luego de casi 4 horas, pudo comunicarse con su esposa informándole que estaba detenido, sin conocer el motivo, en el Destacamento 121 de la Guardia Nacional, cerca del Zoológico.
¡La verdad no sea dicha!
El gobernador del estado Trujillo, Henry Rangel Silva, hacía un recorrido en el acto de reinauguración del área de medicina interna del Hospital Central de Valera cuando fue abucheado por los familiares y pacientes de distintos pabellones, que aprovecharon la visita para protestar y gritar consignas exigiendo insumos médicos y mejores condiciones en todo el centro asistencial.
Periodistas de distintos medios de comunicación que realizaban la cobertura fueron encerrados en un cuarto para que no lograran captar lo que allí sucedía, sin embargo, en un video difundido por Diario de Los Andes a través de la red social Twitter, se escucha a una periodista narrar lo que está ocurriendo: “mantienen encerrado a los medios de comunicación en el Hospital Central de Valera cuando el Gobernador está siendo abucheado. Los medios están encerrados mientras que ellos están allá”3, informa.
En Caracas, la restricción estuvo a cargo de efectivos de la GNB quienes “instaron” al periodista Pedro Eduardo Leal a dejar de grabar la protesta en la que los pensionados exigían el pago de la totalidad de su pensión: “queremos nuestros reales completos”, se les escuchaba decir en los videos difundidos a través de distintas redes sociales.
“Efectivos de la Guardia Nacional me ‘instan’ a dejar de registrar protesta de adultos mayores que reclaman pago de pensión completa en efectivo en la Av. Urdaneta. A un joven que grababa manifestación le arrebataron el teléfono” informó el periodista.
En el sur del país, los métodos son distintos, a Wilmer Barrero, reportero gráfico del Diario Primicia de Ciudad Guayana, lo mantuvieron desaparecido durante más de tres horas y luego de golpearlo en repetidas oportunidades, romper su cámara y amenazarlo, los Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) lo dejaron ir.
También en Bolívar, el personal de seguridad del Ministro de Industria y Producción Nacional, Tareck El Aissami, impidió el acceso al Correo del Caroní a la rueda de prensa que ofreció el pasado 04 de julio. La periodista María Ramírez, quien hacia cobertura, se acercó al personal de protección comentándole que había conversado con la jefa de prensa de la gobernación. El trabajador le dijo: “no la puedo ayudar, esa es la instrucción: no pasa el Correo del Caroní”4.
¿A quién le importan los periódicos?
Como si nadie lo notara, julio se llevó en su haber 7 impresos que dejaron de circular o limitaron sus ediciones, la “situación país”, la crisis económica o la imposibilidad de acceder a la materia prima dejaron a miles de venezolanos sin la posibilidad de informarse a través de este tradicional medio de comunicación.
Tal es el caso del Diario El Tiempo, que luego de acompañar y contar la actualidad del estado Trujillo durante casi sesenta años, anunció que circularía hasta el 31 de julio de 2018. El diario embemático del estado cambió a formato digital luego de que los altos costos de la materia prima, la falta de efectivo y la crisis económica hicieran estragos.
Lo que comenzó hace más de siete años en formato berlinés y a full color se ha ido reduciendo con el pasar de los años, además de adaptar su tamaño, se vieron en la obligación de sacrificar también el color por la imposibilidad de mantenerlo. Del mismo modo, el diario Primicia de Guayanaanunció en su página web que a partir de este 23 de julio limitaría su paginación de 32 a 16 debido a la “situación país”. El cambio de formato se realiza luego de que tomaran la decisión de reinventarse con el propósito de permanecer más tiempo con sus fieles lectores.
Pero esta crisis no es un asunto exclusivo de medios independientes, también los medios con línea editorial oficialista se han visto afectados, el diario Ciudad Bqto anunció a través de su cuenta en Instagram que a partir del 27 julio se uniría a la larga lista de periódicos que dejaron de circular diariamente para convertirse en semanario.
No existen razones aparentes para la disminución de la frecuencia de Ciudad Bqto, pues éste es impreso por el Complejo Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), organismo que mantiene el control total de la distribución de la materia prima para la impresión de periódicos en el país. Ni en su portal web, ni en redes sociales el diario explica la razón por la cual decidieron realizar el cambio, incluso la publicación que anunciaba esta medida fue retirada de la cuenta oficial del medio en Instagram5, pero ya había sido captada por algunos usuarios quienes levantaron la alerta.
De igual forma el diario La Prensa suspende indefinidamente la edición que circula los domingos en las calles del estado Lara. Las razones son las mismas, intentan administrar la materia prima que les queda, este año sólo tuviero dos despachos de papel: uno en febrero, correspondiente a una remesa rezagada de diciembre de 2017; y otra entrega a principios de abril, situación que se repite con las planchas. En palabras de su Director, Luis Grisanti Sáez: “si el gobierno no hace las compras de papel en el exterior los medios impresos en Venezuela no tenemos posibilidades de adquirir los insumos. Es una dependencia obligada a la que hemos estado sometidos desde hace cinco años”6.
Estos son sólo cuatro casos, detrás de todos estos cierres hay un nutrido grupo de personas cuya estabilidad laboral pende de un hilo, son regiones enteras con acceso limitado a Internet cuyo medio de información son los impresos, y hoy no los tienen. Son espacios que tradicionalmente estaban dispuestos para la denuncia de problemas locales y cerraron como si no tuvieran dolientes.
Desde Espacio Público denunciamos el cerco que el Gobierno pone a la labor informativa; las agresiones, las amenazas y el hostigamiento deben erradicarse del discurso y la política oficial, el país clama democracia y eso significa procurar espacios de entendimiento donde todos podamos expresarnos sin sentir temor.
Fuente Espacio Pùblico
Fuente Espacio Pùblico
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